El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha rechazado adoptar el término “divisa virtual” como la definición legal del Bitcoin. Para Carstens, el término “divisa” constituye de una clasificación inapropiada para el Bitcoin debido a la falta de un banco central que lo respalde o lo emita.

Sin Banco Central

Para el gobernador del Banco Central de México, las criptomonedas deberían estar bajo el marco legal gubernamental en las ramas de ciber seguridad, y no ser vistas como una “divisa virtual” por las autoridades reguladoras de la nación. Carstens sostuvo que las criptomonedas “no son necesariamente inmunes al hacking,” y también comentó que lo más útil del Bitcoin es “el hecho de que ofrece anonimato a sus usuarios” – esto antes de señalar que el Bitcoin es un instrumento monetario atractivo para el mercado negro.

Carstens propuso que las autoridades mexicanas deben buscar una manera de promover prudentemente el desarrollo y la aplicación de la tecnología de las criptomonedas dentro del sistema financiero nacional. En una ponencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Carstens dijo: “este desarrollo tecnológico en el sistema financiero no puede ser el resultado de sólo innovación. Debe haber un paso que no cause problemas con el sistema financiero y que al final afecte a toda la sociedad” – sugiriendo que el Banco Central de México tratará de guiar activamente la integración de la tecnología de criptomoneda a la economía mexicana. Carstens también sostuvo que “las autoridades financieras presentarán pronto” propuestas detalladas de legislaciones de criptomonedas.

Requerimientos básicos

Los comentarios de Carstens sugieren que el Banco de México no reconocerá como medio de pago válido ningún sistema monetario no-fiduciario. Para él el Bitcoin es un “producto”, también señalando que “no hay nada que asegure su contabilidad en el sistema financiero” – sugiriendo así que la administración por parte de un Banco Central es un requerimiento básico para una “divisa”-

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A principios de año, México presentó una ley que definía al Bitcoin como un activo digital, también articulaba los lineamientos para la operación de los exchanges de Bitcoin. La ley era parte de un conjunto de nuevas leyes de fintech presentadas por el gobierno mexicano para promover la transición hacia la digitalización de la economía, promover el crecimiento del sector fintech de México, y expandir la variedad de servicios financieros disponibles a los ciudadanos de a pie. A pesar de rechazar la clasificación del Bitcoin como una “divisa virtual”, la del gobierno mexicano sobre la regulación de las criptomonedas está entre las más permisivas y liberales de toda la región latina.